La juez de distrito estadounidense Yvonne González Rogers ha decidido que las principales empresas de redes sociales, incluidas Google (propietaria de YouTube), Meta (operadora de Facebook e Instagram), ByteDance (propietaria de TikTok) y Snap, no podrán eludir las demandas que las responsabilizan de la adicción a las redes sociales de los adolescentes.
Esta sentencia se produce en respuesta a cientos de demandas federales presentadas contra estas empresas en los últimos años, impugnando su afirmación de que no son responsables de las demandas por daños personales en virtud de la Primera Enmienda y de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. En contra del argumento de las empresas de que están protegidas por la Sección 230, que blinda a los editores de los contenidos de sus usuarios, el Juez Rogers sostuvo que las demandas van más allá de los contenidos de terceros.
Señaló que las empresas no dieron una explicación convincente para no ser consideradas responsables de varias quejas, entre ellas problemas relacionados con controles parentales defectuosos, ausencia de sistemas eficaces de verificación de la edad y obstáculos en el proceso de desactivación de cuentas. Al mismo tiempo, desestimó algunas quejas, como las dirigidas a las empresas por no restringir determinados tipos de contenidos.
Las demandas se presentaron en nombre de menores de todo el país. En 2022, una madre de Connecticut presentó una demanda contra Meta y Snap, alegando que habían contribuido a la adicción que provocó el trágico suicidio de su hija de 11 años. En octubre de ese mismo año, Meta se enfrentó a acciones legales de 41 estados y el Distrito de Columbia, que acusaban a la empresa de ser consciente de que sus características “adictivas” eran perjudiciales para el bienestar de niños y adolescentes.
Las empresas de redes sociales, en particular Meta, han sido objeto de un mayor escrutinio tras las revelaciones de la ex empleada Frances Haugen, que reveló investigaciones internas de Facebook que indicaban que Instagram era “perjudicial para un porcentaje considerable de adolescentes”. El portavoz de Google, José Castañeda, respondió a la sentencia subrayando el compromiso de la empresa con la protección de la infancia.
Afirmó: “En colaboración con especialistas en desarrollo infantil, hemos creado en YouTube experiencias adecuadas a la edad de los niños y las familias, y proporcionamos a los padres sólidos controles. Las alegaciones de estas denuncias simplemente no son ciertas”. Un portavoz de TikTok se hizo eco de un sentimiento similar, diciendo a Reuters que la aplicación cuenta con “sólidas políticas de seguridad y controles parentales.”
